El sector digital ha abierto el debate sobre la necesidad de adaptar los marcos de acceso a infraestructuras a un mercado de fibra óptica que ha alcanzado un alto grado de madurez, tras años de inversión intensiva y despliegue generalizado.
La cuestión ha cobrado actualidad después de que la CNMC haya abierto una consulta pública sobre la segunda oferta de compromisos presentada por Telefónica en relación con el mercado mayorista de acceso a la infraestructura física. La propuesta revisada prevé un periodo de vigencia de cinco años, prorrogable por uno adicional; mantiene los plazos de provisión y resolución de incidencias de la oferta MARCo vigente; conserva el procedimiento de gestión de operadores; e incorpora una actualización de las cuotas recurrentes y una nueva oferta de coubicación en centrales.
El regulador subraya, no obstante, que la apertura de esta prueba de mercado no supone que haga suyos los compromisos sometidos a consulta, ni que comparta o avale su contenido, alcance o suficiencia. La CNMC podrá otorgar carácter vinculante a los compromisos, en su totalidad o en parte; solicitar una revisión de la propuesta; o continuar con la tramitación ordinaria del procedimiento.
En todo caso, el debate que se desarrolla en el sector no cuestiona el éxito de las normas que facilitaron el despliegue inicial de fibra ni el principio de acceso a infraestructuras, sino si las condiciones diseñadas para una fase temprana del mercado deben evolucionar ahora que la cobertura, la competencia y las necesidades de inversión son distintas. La tesis de fondo es que una regulación que fue útil para acelerar el despliegue no puede permanecer congelada si el mercado ya ha alcanzado una fase de madurez.
España es uno de los ejemplos europeos de esa evolución. La CNMC contabilizaba en febrero de 2025 un total de 16,7 millones de líneas de fibra óptica hasta el hogar, mientras que el FTTH Council Europe situó al país entre los mercados europeos con mayor penetración de FTTH/B, con un 80,8%.
En una primera etapa, el objetivo principal era eliminar barreras de entrada, evitar duplicaciones ineficientes de obra civil y acelerar el despliegue de nuevas redes. En una fase más madura, el reto pasa también por garantizar que las infraestructuras existentes puedan mantenerse, renovarse y modernizarse en condiciones económicamente sostenibles.
La Comisión Europea ha situado esta cuestión en el centro del Digital Networks Act, presentado el 21 de enero de 2026 para modernizar, simplificar y armonizar las reglas europeas de conectividad. Bruselas sostiene que las normas actuales deben actualizarse para crear condiciones que permitan invertir en redes avanzadas de fibra y móvil, infraestructuras que considera esenciales para tecnologías como la inteligencia artificial y el cloud.
En la misma línea, DIGITALEUROPE ha defendido que la ambición europea de liderar en conectividad está limitada por un marco regulatorio que “ya no encaja con las realidades de la infraestructura digital actual”. La asociación reclama avanzar hacia un modelo más simplificado, armonizado y centrado en la inversión, así como una regulación de acceso más proporcionada y adaptada a la realidad de los mercados.
El FTTH Council Europe también subraya que las redes de fibra son fundamentales para la transformación digital de las economías europeas y considera esencial mantener un marco regulatorio favorable a la inversión en fibra dentro de un entorno competitivo. La asociación defiende, además, remedios de acceso adaptados a las realidades nacionales y una competencia sostenible.
En este contexto, la cuestión de fondo no es restringir el acceso, sino garantizar que ese acceso siga funcionando bajo condiciones justas, razonables y compatibles con la recuperación de los costes asociados al mantenimiento, renovación y ampliación de las infraestructuras.
Los operadores subrayan que la digitalización de la economía está elevando la demanda de capacidad, calidad de servicio, seguridad y resiliencia en las redes. Por ello, defienden que el entorno regulatorio debe acompañar la transición hacia nuevas tecnologías y modelos de negocio, evitando que obligaciones concebidas para una fase inicial del mercado se conviertan en distorsiones permanentes en mercados ya desplegados.
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