Un fallo de seguridad en la piscina infantil acabó con una intervención de bomberos, una hora de angustia y una resolución oficial inesperada
El Ayuntamiento de Alzira tendrá que pagar una indemnización de 10.000 euros a una menor de cuatro años cuyo brazo quedó atrapado en una boca de succión de la piscina municipal. El Consell Jurídic Consultiu ha considerado que existió una responsabilidad directa por parte del consistorio en el incidente ocurrido el pasado verano.
Una tarde de juegos que terminó en susto
Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 2024 en la piscina municipal descubierta dedicada a los más pequeños. Mientras jugaba con un juguete, la niña introdujo el brazo en una tubería de succión sin protección y no pudo sacarlo. La madre, angustiada, trató de avisar al socorrista, pero fue finalmente la persona encargada de la taquilla quien intervino en primera instancia. Se activó el protocolo de emergencia y se avisó al 112.
A las 14:09 se recibió la llamada de emergencia. La Policía Local fue la primera en llegar, pero no logró liberar a la niña. Los bomberos se vieron obligados a intervenir debido a que la cabeza de la menor estaba muy cerca del nivel del agua, lo que suponía un riesgo grave de ahogamiento.
Inicialmente se intentó vaciar el vaso de la piscina, pero el ritmo era demasiado lento. Los bomberos instalaron entonces una electroválvula y una bomba electrógena para acelerar el proceso. Finalmente, fue necesario taladrar parte de la pared de la piscina para poder liberar el brazo de la pequeña, una operación que duró cerca de una hora.
Falta de seguridad en la instalación
El informe policial reveló que el orificio de succión carecía de una tapa protectora, lo que facilitaba que un niño pudiera introducir la mano. Este orificio se utilizaba para conectar un robot de limpieza fuera del horario de baño público, pero durante el uso recreativo de la instalación no estaba debidamente cubierto.
La menor sufrió una inflamación en el brazo, aunque sin heridas externas, y parte de la tubería quedó adherida a su extremidad. Los bomberos usaron una sierra para retirar el fragmento de plástico. Aunque la menor no requirió hospitalización, el impacto físico y psicológico del suceso ha sido tenido en cuenta en la valoración de la indemnización.
El Consell Jurídic Consultiu ha determinado que la cantidad de 10.000 euros es adecuada por los daños sufridos, frente a los 35.000 euros reclamados inicialmente por los padres por daños morales, además de otra cantidad por responsabilidad patrimonial. El consistorio, por tanto, deberá asumir esta compensación por el fallo en las medidas de seguridad de una instalación pública destinada a menores.