“Ni pagan, ni se van”: la ocupación interminable de un piso en el centro de Alzira

Un propietario denuncia que su vivienda lleva ocupada desde 2022 por personas sin contrato ni alquiler, mientras la justicia retrasa una y otra vez el desalojo

Un residente en Holanda, propietario de una vivienda en la localidad valenciana de Alzira, ha decidido alzar la voz ante lo que califican como una situación desesperante: su casa lleva ocupada más de dos años y medio por personas que no abonan alquiler alguno y cuya presencia ya no está amparada por ningún contrato legal. Denuncian que los procedimientos judiciales no avanzan y que, mientras tanto, siguen sin poder recuperar su propiedad ni hacer uso de ella.

El caso comenzó en octubre de 2022, cuando venció el contrato de arrendamiento que tenían firmado con una familia de nacionalidad rumana, compuesta por una pareja y sus dos hijos. Hasta ese momento, los inquilinos habían pagado el alquiler durante el primer año, aunque comenzaron a acumular deudas en los suministros básicos, como el agua y la luz. Según relata el propietario a este periódico, incluso llegó a utilizar la fianza para comprarles un electrodoméstico nuevo con el objetivo de mantener un clima de cordialidad y facilitar la convivencia contractual.

Una excusa tras otra

Al finalizar el periodo contractual de dos años, los inquilinos se negaron a abandonar la vivienda. Alegaron que no habían encontrado otra casa disponible y que necesitaban más tiempo para ahorrar. Aunque el contrato ya no estaba vigente y no se firmó ninguna renovación, la pareja permaneció en la vivienda varios meses más. Sin embargo, con el tiempo, ni siquiera ellos siguieron residiendo allí.

Actualmente, según confirmó el propio propietario tras una visita personal al inmueble, son los padres y un hermano del inquilino quienes ocupan la vivienda. Estas personas no figuran en ningún documento ni cuentan con autorización para habitar la propiedad. “No tienen ningún derecho legal a estar allí”, subraya el denunciante, visiblemente frustrado por la falta de mecanismos eficaces para recuperar lo que considera legítimamente suyo.

El caso se complica aún más por los sucesivos aplazamientos judiciales. A pesar de haber iniciado el proceso legal hace más de un año, las vistas han sido suspendidas en varias ocasiones, a menudo con escaso margen de antelación. La más reciente fue cancelada apenas dos días antes de su celebración, sin explicaciones claras. La próxima fecha está marcada para diciembre de 2025, aunque el propietario teme que se repita el mismo patrón de excusas y retrasos.

“Alzira no se merece esto”

“Nos sentimos atrapados en un sistema que permite a ciertas personas aprovecharse de los vacíos legales sin que las instituciones hagan nada para protegernos”, lamenta el afectado. Asegura que la situación está teniendo un impacto económico importante para su familia, pero que el daño psicológico es aún mayor. “Es muy frustrante saber que tienes una propiedad, la has cuidado, invertido en ella, y que ahora está en manos de personas que no tienen ningún derecho y ni siquiera pagan”, añade.

El propietario adquirió la vivienda en 2019 con la ilusión de pasar temporadas en Alzira, ciudad a la que tiene un especial cariño. “Es un lugar precioso”, comenta. Durante los primeros años, se encargó él mismo de parte de la reforma de la vivienda, instalando una nueva cocina y un baño moderno. Todo ello quedó a disposición de los inquilinos iniciales, quienes disfrutaron de la vivienda antes de que comenzara esta compleja situación.

La frustración no es solo por la pérdida del uso de la casa o los ingresos por alquiler, sino también por la sensación de abandono institucional. “Parece que los derechos del propietario no importan. Nosotros cumplimos con todo, actuamos conforme a la ley, y sin embargo estamos totalmente desprotegidos”, afirma. Por eso, decidió remitir una carta abierta a diversos medios locales y al propio alcalde de Alzira, Alfons Domínguez Gento, con la esperanza de que su caso sirva para abrir un debate necesario sobre este tipo de situaciones.

Un problema cada vez más frecuente

Este caso no es aislado. En los últimos años, muchas familias españolas y extranjeras que poseen viviendas en el país han denunciado problemas similares con la ocupación ilegal de inmuebles. La lentitud de los procedimientos judiciales, unida a la dificultad de demostrar ciertas situaciones de usurpación sin contrato vigente, convierte en una odisea el proceso de recuperación de propiedades. En algunos casos, los afectados tardan años en recuperar sus viviendas, viéndose obligados a pagar hipotecas, impuestos y reparaciones mientras otros las habitan sin coste alguno.

En este contexto, se reaviva el debate sobre la necesidad de una reforma legislativa que equilibre los derechos de los inquilinos y los propietarios, y que permita una respuesta más ágil en casos como el denunciado. “No pedimos privilegios, solo que se haga justicia y se proteja a quien actúa conforme a la ley”, insiste el profesor, que ha expresado su total disponibilidad para contar su historia en entrevistas telefónicas o por videollamada.

La familia ha decidido no rendirse y continuar con el proceso judicial, pese a las dificultades. Consideran que dar visibilidad al problema puede ser una forma de presionar para que se adopten cambios que protejan a los pequeños propietarios frente a ocupaciones abusivas. Mientras tanto, su vivienda continúa ocupada por personas que no figuran en ningún contrato, sin pagar alquiler ni suministros, y sin previsión de desalojo en el corto plazo.