Incertidumbre en la política migratoria
La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha criticado fuertemente al Gobierno de España por su manejo de la política migratoria, asegurando que la Comunitat Valenciana no participará en lo que califica como un intento de blanquear las acciones del Ejecutivo central. La funcionaria ha demandado una lealtad institucional que, en su opinión, ha estado ausente en la gestión actual del proceso de regularización de migrantes.
Según Camarero, la regularización de alrededor de 1,2 millones de personas migrantes generará un coste insostenible en servicios como sanidad, vivienda y empleo en la autonomía. Solo en la Comunitat Valenciana, se ha regularizado a 167,000 individuos, lo que ha llevado a reclamar al Gobierno central la transferencia de fondos que permitan una adecuada atención de estas nuevas incorporaciones.
La vicepresidenta también destacó la falta de un diálogo efectivo entre las administraciones y la falta de preparación y recursos para afrontar la realidad del proceso migratorio actual. Argumentó que este es un claro ejemplo de deslealtad hacia las comunidades autónomas, las cuales son las que terminan asumiendo el peso del impacto en los servicios públicos.
Propuesta de un modelo de regularización responsable
Frente a esta situación, Susana Camarero aboga por un proceso de regularización organizado y legal, que se coordine con las comunidades autónomas y que responda a las necesidades del mercado laboral. Propone que sea un trabajo conjunto para garantizar una inmigración que favorezca la integración social y el control de fronteras.
El rechazo a la gestión centralizada de las políticas migratorias se ha hecho eco en otras comunidades autónomas, que también han manifestado su intención de no participar en la Conferencia Sectorial de la Inmigración, donde se discute el futuro de las políticas de inclusión y regularización.
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