La Generalitat solicita al Gobierno una solución urgente
La Generalitat Valenciana ha hecho un llamado a la Agencia Estatal de Transformación Digital para abordar deficiencias en el servicio de soporte de la Plataforma de Intermediación de Datos. Esta infraestructura es crucial para el correcto funcionamiento de la administración digital. En la actualidad, la Generalitat es responsable de más de 38 millones de consultas anuales destinadas a evitar que los ciudadanos tengan que presentar documentación que ya está en poder de las administraciones públicas.
Problemas en la gestión administrativa
El informe enviado resalta la seriedad de la situación, donde se han reportado retrasos significativos en la resolución de incidencias y autorizaciones necesarias para acceder a los servicios de verificación de datos. Estos retrasos impactan no solo en la eficiencia administrativa, sino también en el derecho del ciudadano a no tener que presentar documentos nuevamente.
Consecuencias de los retrasos
Los procedimientos afectados incluyen becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes y subvenciones educativas. La falta de acceso a la información necesaria sitúa a la administración en una posición compleja, donde se ve obligada a solicitar información que por ley no debería requerir. Además, se estima que depender de procesos manuales en lugar de las consultas interoperables podría costar a la Comunidad Valenciana más de 140 millones de euros al año y registrar más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo innecesarias.
La importancia de la interoperabilidad
La Generalitat advierte que la degradación sostenida de estos servicios podría afectar la confianza pública y ralentizar la implementación de nuevas políticas. Por ello, se insta a la adopción de medidas rápidas para mejorar la capacidad operativa del sistema y asegurar un mejor servicio público. El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, enfatiza que «la interoperabilidad no solo es una herramienta tecnológica; es esencial para una administración digital eficiente y para garantizar los derechos de los ciudadanos».
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