Las dudas económicas frenan otra vez la pasarela al RETA en el Congreso

La ‘pasarela al RETA’ vuelve a encallar en el Congreso entre dudas sobre los perjuicios que podría ocasionar al resto de autónomos

La tramitación de la llamada “pasarela al RETA”, la reforma que pretende permitir a miles de profesionales colegiados integrados en mutualidades alternativas al Régimen de Autónomos (RETA) incorporarse al sistema público de la Seguridad Social, ha vuelto a posponerse en el Congreso de los Diputados en medio de dudas técnicas y discrepancias sobre su impacto.

La Comisión de Trabajo, que debía votar la iniciativa el pasado 20 de mayo para elevarla al Pleno, fue aplazada al día 26 por la ausencia de los informes económicos sobre nuevas enmiendas propuestas por los Grupos, necesarios para evaluar el coste de las medidas y su efecto en el sistema de pensiones. Cabe destacar que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha advertido que cualquier integración debe garantizar la neutralidad financiera y no perjudicar a quienes ya cotizan en el RETA, insistiendo en que la reforma debe analizarse con rigor económico antes de su aprobación. Existe el temor de que la pasarela al RETA pueda perjudicar a los autónomos que han cotizado siempre en el sistema público, que ahora deberá hacer un sobreesfuerzo para asumir a los mutualistas, muchos próximos a jubilarse.

La pasarela al RETA busca permitir que determinados profesionales colegiados, que durante años cotizaron en mutualidades privadas en lugar del régimen de autónomos, puedan traspasar voluntariamente sus derechos económicos a la Seguridad Social. La fórmula concreta de cómo hacerlo ha generado cautelas. La mayoría de las nuevas enmiendas iban en la línea de relajar los requisitos para acceder a la pasarela o sus condiciones más ventajosas, como el llamado 1×1 (un mes en el RETA por un mes en la mutualidad) desde los 52 años o para todos aquellos que iniciaran sus aportaciones antes de 1995. Esto ha abierto el debate sobre la equivalencia efectiva entre las cotizaciones realizadas en ambos modelos, ya que hasta 2013 las mutualidades no tenían establecida por Ley una cuota mínima.

Algunos grupos defendieron que la pasarela pueda ser solicitada incluso por quien ya haya generado por otras vías derecho a pensión pública, lo cual se contradice con el espíritu inicial de ayudar a los mutualistas que no alcanzaban “pensiones dignas”.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, declaraba recientemente: “No voy a negar que es una reforma necesaria, pero hay que analizarla en profundidad porque tiene más costes que ingresos”. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), por su parte, ha defendido la necesidad de facilitar la incorporación de mutualistas, pero ha subrayado que esta debe ir ligada a aportaciones equivalentes a las del sistema público para evitar desequilibrios futuros.

El proceso legislativo sigue abierto, condicionado por la revisión de las enmiendas y por el análisis del impacto presupuestario del posible trasvase de fondos desde las mutualidades a la Seguridad Social. A la espera de esos informes, la pasarela al RETA continúa sin materializarse, en un contexto en el que el objetivo de mejorar la protección de los mutualistas, especialmente los próximos a la jubilación que ya no tienen posibilidad de incrementar su ahorro de cara a recibir pensiones más cuantiosas, convive con la necesidad de preservar el equilibrio del sistema de autónomos, para que no salgan perjudicados los que ya se encuentran en el sistema ni se generen situaciones de agravio comparativo o de injusticia para el conjunto de los cotizantes de la Seguridad Social.