El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha cesado en los últimos días a dos asesores vinculados a los grupos municipales de Vox y Ciudadanos. Las decisiones responden, según los decretos firmados, a una pérdida de confianza en un caso y a una posible incompatibilidad legal en el otro.
Uno de los destituidos es Ángel Aparisi, secretario del grupo municipal de Vox, cuya continuidad se ha visto afectada tras un episodio polémico en la emisora municipal. En ese contexto, el asesor realizó manifestaciones que generaron un fuerte rechazo en el ámbito político local.
El otro cese afecta a Juan Pedro Martín, asesor del grupo de Ciudadanos, cuya situación ha sido analizada desde el punto de vista jurídico. Según el consistorio, compatibilizaba su puesto como personal eventual con responsabilidades en una empresa privada.
Ambas decisiones han sido adoptadas mediante decretos de alcaldía, que justifican la medida sin necesidad de abrir un procedimiento disciplinario previo.
En el caso del asesor de Vox, el alcalde considera que determinados comportamientos recientes han sido determinantes para perder la confianza necesaria en este tipo de cargos. Entre ellos, se incluye también un episodio en el que accedió, junto al asesor de Ciudadanos, a una instalación municipal en obras para tomar imágenes, pese a las restricciones existentes.
Este tipo de actuaciones, según el criterio del gobierno local, no se ajustan a la conducta esperada de personal de confianza, lo que ha terminado motivando su salida.
El cese se enmarca además en un contexto de tensión política, después de que desde el equipo de gobierno se reclamaran responsabilidades por declaraciones públicas consideradas inapropiadas.
El caso del asesor de Ciudadanos se apoya principalmente en informes jurídicos que apuntan a una posible incompatibilidad. En concreto, se analiza su papel como administrador de una empresa dedicada a la gestión de ocio y servicios deportivos, de la que posee parte del capital.
Los servicios jurídicos municipales consideran que esta situación entra en conflicto con la normativa aplicable al personal al servicio de la administración, que limita el desarrollo de determinadas actividades privadas.
El alcalde, que ya había actuado en casos similares en el pasado, ha optado por aplicar directamente el cese como medida suficiente. Por el momento, no se ha aclarado si estos puestos serán cubiertos de nuevo ni qué papel tendrán los grupos políticos afectados en esa decisión.
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