El Consell contra el nuevo decreto de inmigración
El Pleno del Consell ha decidido interponer un recurso judicial contra el Real Decreto 316/2026, considerando que su implementación tendrá un repercutido adverso sobre los servicios públicos esenciales en la Comunitat Valenciana. Miguel Barrachina, portavoz del Consell, advirtió que esta norma influye directamente en la sanidad, educación, servicios sociales y la protección de menores, sin garantizar la financiación necesaria.
Barrachina subrayó que la política migratoria debe ser manejada en consonancia con las realidades locales y no incrementar la carga sobre los servicios públicos. El Consell actuará para proteger la calidad de estos servicios, habilitando a la Abogacía General para buscar incluso la suspensión cautelar del decreto durante el proceso judicial.
Defensa de los agricultores afectados por eventos climáticos
El Consell también ha aprobado una declaración en apoyo a los agricultores valencianos perjudicados por la dana de octubre de 2024, pidiendo valoración y adquisición estatal de tierras dañadas. Se espera que esta medida garantice la continuidad de la actividad agrícola y la viabilidad económica de los afectados.
Propuestas para reforzar el sistema sanitario
En el ámbito de la salud, se autorizó la celebración de contratos para asegurar el abastecimiento de medicamentos y la limpieza en los hospitales, ascendiendo a más de 1.000 millones de euros. Estas medidas son parte de la estrategia del Consell para fortalecer el sistema público y mejorar la atención sanitaria.
Apoyo a familias y municipios afectados
Además, se modificaron regulaciones sobre el acogimiento familiar para adaptarlas a las necesidades sociales actuales. Se otorgarán ayudas económicas a municipios de la Vega Baja para afrontar los daños provocados por fenómenos meteorológicos. Con todas estas acciones, el Consell reafirma su voluntad de respuesta ante las adversidades que enfrenta la comunidad.
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