La Conselleria de Sanidad ha autorizado la vuelta a la actividad del centro mientras el juzgado mantiene al anestesista como investigado por homicidio
Han transcurrido 99 días desde la jornada del 20 de noviembre que conmocionó a la capital de la Ribera Alta. Aquel día, una menor de seis años perdió la vida tras someterse a un tratamiento en un centro odontológico local, mientras una segunda niña requirió hospitalización tras pasar por las mismas instalaciones. Tras meses de precinto y silencio administrativo, el establecimiento ha reanudado esta semana su actividad profesional de manera discreta.
Autorización de Sanidad
La reapertura del centro se produce tras obtener los permisos administrativos necesarios para volver a recibir pacientes. Tal y como ha adelantado el diario LAS PROVINCIAS, fuentes de la Conselleria de Sanidad han confirmado que la clínica cuenta ya con la autorización oficial para reabrir sus puertas. Esta notificación fue entregada a los responsables del establecimiento el pasado jueves, mediante un documento administrativo con fecha de validación del miércoles anterior.
Durante las primeras horas de funcionamiento, el acceso del personal y la propiedad se ha realizado evitando la exposición pública. Según informaciones recogidas por LAS PROVINCIAS, los primeros clientes ya han acudido a las instalaciones una vez retirados los carteles de emergencia que ocupaban la fachada durante las últimas semanas. Desde la dirección del centro se ha optado por mantener el mutismo oficial mientras se restablecen los servicios habituales de atención odontológica en el local.
La reactivación de la licencia administrativa no interfiere con las inspecciones técnicas que el departamento de Sanidad ha podido llevar a cabo durante el periodo de cierre. La normativa vigente en la Comunidad Valenciana exige que cualquier centro sanitario cumpla con unos requisitos estrictos de equipamiento y personal para mantener su registro activo. La resolución administrativa notificada esta semana permite la vuelta al trabajo ordinario, aunque el foco informativo sigue fijado en la evolución de la causa penal.
Instrucción judicial activa
A pesar de la reapertura comercial, el proceso judicial que investiga lo ocurrido en noviembre sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Alzira. La magistrada titular mantiene abierta una causa penal donde se analiza la responsabilidad de los profesionales intervinientes en el tratamiento de las menores. A lo largo del próximo mes de marzo, está previsto que se produzcan nuevas declaraciones de implicados y testigos para esclarecer las causas definitivas del fallecimiento.
En el centro de la investigación se encuentra el anestesista que participó en las intervenciones, quien fue detenido el pasado mes de diciembre. Tras pasar a disposición judicial, la jueza decretó su libertad con cargos al no apreciar riesgo de fuga por su arraigo en territorio nacional. No obstante, el facultativo permanece bajo medidas cautelares estrictas, que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer periódicamente ante la sede judicial.
El hombre figura como investigado por presuntos delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones, hurto y omisión del deber de socorro. El auto judicial dictado el 4 de diciembre subrayaba que aún es necesario el análisis exhaustivo de las historias clínicas de ambas menores y los resultados definitivos de las analíticas de laboratorio. La instructora señaló en aquel momento que no existían indicios suficientes para atribuir la muerte exclusivamente a una imprudencia grave del investigado en esa fase incipiente.
Evolución de las pruebas
La investigación penal se encuentra en una etapa determinante a la espera de informes periciales definitivos que determinen el nexo causal entre el tratamiento dental y el desenlace fatal. La magistrada ha insistido en la necesidad de obtener los resultados de las muestras biológicas para completar el cuadro de pruebas. Mientras tanto, el anestesista investigado abandonó las dependencias judiciales bajo custodia tras prestar declaración durante más de seis horas el día de su detención.
El suceso ha generado una honda preocupación en la comarca, especialmente por la implicación de pacientes de tan corta edad. La instrucción busca ahora determinar si los protocolos de sedación y reanimación se aplicaron conforme a la praxis médica exigida. El juzgado ha solicitado toda la documentación técnica relativa a los fármacos empleados y los equipos de monitorización utilizados durante la jornada en la que se produjeron los hechos objeto de la investigación.
Con la clínica de nuevo operativa y el calendario judicial sumando nuevas citaciones para marzo, el caso entra en una fase de resolución técnica. La reapertura administrativa bajo el visto bueno de la Conselleria de Sanidad marca un punto de inflexión en la actividad del centro, aunque la sombra del proceso penal sigue presente. La resolución de este caso resulta clave para garantizar la seguridad asistencial en el sector y ofrecer respuestas definitivas a las familias afectadas por la tragedia de noviembre.
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