La Policía Local de Alzira, en una imagen de archivo.
El Ayuntamiento de Alzira ha resuelto recientemente dos expedientes sancionadores relacionados con el incumplimiento de la normativa municipal sobre el cuidado y control de animales de compañía. Las infracciones, de distinta gravedad, han supuesto sanciones económicas tras la intervención de la Policía Local.
Uno de los casos más graves tuvo lugar en julio en la partida de la Garrofera, donde la Policía Local localizó a un perro en un recinto cerrado con condiciones inadecuadas. El espacio era claramente insuficiente para el tamaño del animal y presentaba signos evidentes de abandono: el agua disponible estaba sucia y verdosa, y el lugar estaba lleno de excrementos.
El informe policial derivó en la apertura de un expediente por infracción muy grave de la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales. Entre otras cuestiones, esta normativa prohíbe dejar sin supervisión a los animales durante más de tres días consecutivos. En el caso específico de los perros, el tiempo máximo permitido es de 24 horas sin vigilancia.
Además, la ordenanza también impide mantener a los animales en instalaciones que no garanticen unas mínimas condiciones higiénico-sanitarias o que no se adapten a sus necesidades naturales, fisiológicas y etológicas, teniendo en cuenta su raza y edad. Por tanto, la situación en la que se encontraba el can infringía varias disposiciones clave del reglamento local.
Tras la instrucción del expediente, el Ayuntamiento decidió aplicar la sanción máxima prevista para este tipo de faltas muy graves, imponiendo una multa de 3.000 euros al propietario. No se presentaron alegaciones por parte del interesado, lo que permitió cerrar el procedimiento sin más trámites.
En paralelo, el consistorio también ha multado con 751 euros a otro dueño por un suceso diferente. En este segundo caso, el perro se encontraba suelto y sin vigilancia cuando mordió a una persona, causándole heridas. Esta acción también está recogida como infracción grave dentro del marco regulador municipal.
El propietario tampoco presentó el informe veterinario obligatorio tras la observación médica del animal que llevó a cabo la agresión, un documento que resulta indispensable para evaluar el estado de salud y el comportamiento del can después del incidente. La falta de esta documentación y la omisión de supervisión del animal derivaron en una segunda sanción, también ratificada sin alegaciones por parte del infractor.
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