En un escenario en el que más del 80% del suministro de minerales críticos de la UE depende de terceros, la adhesión de España a la Declaración de Berlín, firmada por 17 Estados miembros, ha puesto de relieve, según algunos analistas, contradicciones y la falta de coherencia en las políticas europeas.
Aunque el acuerdo pretende garantizar “la soberanía industrial, el liderazgo tecnológico, la descarbonización, las materias primas críticas o la industria de Defensa”, varios proyectos mineros estratégicos en España permanecen bloqueados tras años de evaluaciones y trámites administrativos, mientras algunos recursos esenciales continúan sin figurar en la lista oficial de materias primas críticas de la UE.
Señalan que mientras Bruselas y Madrid proclaman la necesidad de agilizar los procesos y reforzar la capacidad europea para gestionar sus recursos estratégicos, iniciativas en potasa, cobre, litio y yeso siguen paralizadas, dejando en suspenso inversiones millonarias y la creación de miles de empleos potenciales.
Según el Informe ‘Estadística Minera 2023’ del Miteco, España cuenta con recursos suficientes para aliviar la dependencia europea y generar un valor de producción anual de estos minerales superior a 3.500 millones de euros con más de 30.200 empleos directos, evidenciando el potencial industrial que podría activarse si se desbloquearan estos proyectos. Mientras, fuentes del sector coinciden en afirmar que “la abundancia de recursos no se traduce en desarrollo industrial por la dilatación de los procedimientos, cambios de criterio administrativos y un clima de inseguridad jurídica”.
Añaden los analistas que entre los ejemplos se encuentran los de Cobre San Rafael en Touro (A Coruña), con una inversión estimada de más de 200 millones y que se encuentra pendiente de reapertura; la explotación de Salave en Asturias, el mayor yacimiento de oro no explotado de Europa, con un valor estimado de 3.000 millones y cuya autorización de reapertura permanece revocada; y Mina Muga, un proyecto de extracción de potasa, que podría generar hasta 7.000 empleos directos e indirectos y más de 1.200 millones en ingresos fiscales y que también se encuentra paralizado temporalmente a causa de un defecto de forma.
Por su parte, el yacimiento de Retortillo en Salamanca, la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa, se encuentra completamente paralizada y envuelta en un complejo entramado judicial, administrativo y financiero; del mismo modo que la mina de wolframio y estaño de San Finx en Lousame (A Coruña), que permanece cerrada desde 2017 a la espera de un proceso de restauración. Por último, el proyecto de extracción de litio de Las Navas (Cáceres), que ha levantado una inversión de 540 millones de euros, se ha visto obligado a renunciar a optar a la declaración de “proyecto estratégico” a causa de los continuos retrasos sobre los plazos previstos.
Según el Instituto Fraser, esta situación penaliza a España en el ranking global de atractivo para la inversión minera, situando al país por detrás de naciones en desarrollo de América Latina y África. Ante esta paradoja, la Declaración de Berlín, firmada en el marco del encuentro ministerial Friends of Industry, se presenta como un paso hacia la modernización y la competitividad de la industria europea. Sin embargo, el ritmo de ejecución en España sigue siendo extremadamente lento, mientras más del 80 % de los proyectos mineros están en manos extranjeras, y la gran mayoría permanecen paralizados o en tramitación indefinida por litigios, supuesta oposición social o modificaciones administrativas.
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