El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha declarado que la prevista Ley del Suelo está diseñada para clarificar la compleja normativa actual y optimizar la gestión del territorio valenciano, además de facilitar el ingreso de inversiones. Durante la jornada ‘Inmobilia: vivienda, ciudad y futuro’, organizada por Economía Digital y la Cámara de Comercio de la Comunitat Valenciana, presentó el anteproyecto de esta ley.
Martínez Mus expresó que la nueva legislación se concibe como una herramienta accesible, segura y eficaz, que pretende dar respuesta a los retos y oportunidades que enfrenta la Comunitat Valenciana. El objetivo es cerrar un periodo de confusión legislativa y abrir una nueva era marcada por la claridad, planificación y acción.
Entre las claves de esta normativa se encuentra la intención de organizar el territorio antes de urbanizar, revisando y actualizando los planes territoriales para facilitar la coordinación entre infraestructuras, vivienda, y medio ambiente. La ley impulsará la creación de planes urbanísticos más ágiles, que facilitarán la gestión especialmente en los municipios más pequeños o en riesgo de despoblación.
Esta normativa también propone una clara regulación del uso del suelo no urbanizable y garantiza que las edificaciones preexistentes cumplirán con estándares de seguridad y sostenibilidad. Se introducen nuevas metodologías que fomentan la colaboración entre el sector público y privado, así como una gestión más responsable en la concesión de licencias.
Además, se prevé una mejora en la disciplina urbanística a través de la creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que velará por la equidad en los planes y asegurará una respuesta eficientísima a las irregularidades. La propuesta enfatiza la urgente necesidad de un urbanismo contemporáneo que priorice la rehabilitación, la movilidad sostenible y la eficiencia energética, utilizando un lenguaje claro que elimine la ambigüedad normativa.
Finalmente, después de su aprobación inicial por el Consell, el anteproyecto ingresará en una fase de consulta pública, permitiendo la participación de todas las partes interesadas para aportar mejoras y asegurar que la nueva normativa sea lo más efectiva posible.
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