La disputa y la polémica de los terrenos de la ‘Operación Chamartín’ y los derechos que reclaman los reversionistas junto al Grupo Baraka, unidos en la ‘Asociación No Abuso’ tiene un nuevo frente que daría razón a los afectados después de las declaraciones del ex ministro José Luis Ábalos en El Confidencial.
En una entrevista concedida al diario, Ábalos reconoce que cuando llegó al Ministerio de Fomento tuvo dos contactos con el que en ese momento era el consejero delegado del banco, Carlos Torres. “Con BBVA tuve dos contactos”, afirma, y desvela que en la conversación con Torres “fue manifestando el interés del banco por el desarrollo de este proyecto; y luego, una segunda llamada, fue en el contexto de la presentación del proyecto en Chamartín, de agradecimiento a la actitud que el ministerio había tenido con relación a este tema. Pero este es un tema que yo, realmente, nunca lo abordé. No ya en profundidad, ni siquiera me acerqué demasiado, porque siempre estuvo bajo la gestión de Adif”.
El exministro asegura en El Confidencial que la ‘Operación Chamartín’ era el único tema en el que BBVA pudiese tener interés con su ministerio y que en las conversaciones que tuvo con Carlos Torres “te traslada los buenos deseos de que la cosa vaya bien, de que se está colaborando con la administración, te muestra un ánimo colaborativo, cooperativo, público-privado, que los equipos se entienden. Es casi más, no que hagas algo, sino que no te metas, que dejes que las cosas se desarrollen conforme iban”. Ábalos reitera que todo el tema era competencia y lo llevaba ADIF y afirma que “me ha sorprendido mucho” que hayan desaparecido los derechos de los reversionistas”
Por último, no descarta que detrás de toda la operación existiesen intereses privados: “Yo no me atrevo a decir, yo solo sé que estamos hablando de un proyecto importantísimo para Madrid. Tiene un impacto tremendo. Lógicamente, debe tener unas plusvalías tremendas.
Y es verdad que, en un proyecto de décadas, el propietario de entonces no se podría imaginar quizás el valor que eso podría tener hoy en día”, expresa. Además, entienden que en estos momentos habría que dilucidar si “esa expropiación obedece a un interés público y no privado. Es lo que habría que averiguar, ¿no? Porque, claro, si el fundamento de la expropiación es el interés general, el interés público, que es lo que justifica la expropiación, y el pago de un justiprecio, obviamente. Habría que ver si efectivamente esa razón de interés público permanece o, simplemente, se ha privatizado”.
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