La Audiencia Nacional juzgará desde el 26 de mayo a Hafesa Energía, implicada en la Operación Drake. El caso revela graves irregularidades, vulneraciones procesales y contaminación institucional.
La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, juzgará a partir del 26 de mayo a Hafesa Energía, operador mayorista de hidrocarburos con actividad consolidada en el mercado español, que se encuentra presuntamente vinculado a la denominada Operación Drake, un proceso judicial que ha revelado importantes irregularidades, vulneraciones procesales y una grave contaminación institucional.
A escasos días de comenzar el juicio, las defensas han lanzado una batería de reclamaciones que ponen en tela de juicio la objetividad del proceso. Principalmente se ha denunciado repetidamente la falta de acceso a pruebas esenciales como grabaciones telefónicas incompletas, transcripciones clave no entregadas o fallos técnicos en la plataforma judicial de acceso a evidencias.
Mientras tanto, la Fiscalía sí dispone de todo el material. Esta asimetría contradice, según fuentes jurídicas conocedoras del caso, el derecho a un proceso con todas las garantías recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 588 ter i).
El Informe 12/2024 del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil destapa una trama de corrupción que afectó directamente al procedimiento: con filtraciones ilegales de registros a empresarios sospechosos; pagos, regalos y colocación de familiares por parte de empresas implicadas a agentes investigadores.
La UCO en el punto de mira
De hecho, dos capitanes de la UCO están señalados como colaboradores de una organización criminal destinada a manipular causas judiciales en perjuicio de operadores legales como Hafesa.
La estructura criminal, documentada en el Informe 12/2024, se configura como una organización en red, donde cada integrante desempeñaba funciones diferenciadas pero complementarias, orientadas a obtener beneficios patrimoniales ilícitos, interferir en actuaciones judiciales y obstaculizar la libre competencia en el sector de los hidrocarburos.
En consecuencia, las defensas solicitan que se identifique a los agentes de la Guardia Civil que colaboraron en la confección de los informes de la investigación, ya que parece ser que más de uno podría estar involucrado en otras causas, lo que invalidaría parte de la investigación.
Por otro lado, la defensa de José Norberto Uzal, ex director general de Hafesa, remitió un escrito a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidiendo que se realicen diligencias sobre la investigación llevada a cabo por la UCO. En su escrito llega a asegurar que los guardias civiles podrían haber estado involucrados en una trama de corrupción cuyo objetivo sería crear causas falsas para favorecer y perjudicar a empresas del sector de los hidrocarburos, entre las que estaría Hafesa.
Entre los meses de octubre de 2018 y junio de 2019, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil acreditó la existencia de una serie de actividades sospechosas que podrían encuadrarse dentro de una dinámica de corrupción. En ese periodo se habrían producido, entre otros hechos, la recepción de bienes de alta gama vinculados a una empresa investigada por fraude, transferencias de elevadas sumas de dinero sin justificación clara, así como la compra y posterior disolución de una sociedad mercantil relacionada con estructuras societarias utilizadas para el blanqueo de capitales. Todo ello configura un entramado de relaciones y movimientos patrimoniales que, según el informe oficial, resultarían indicativos de una posible connivencia con una organización criminal.
Listado de posibles delitos
Entre los posibles delitos en los que, según los letrados, incurrirían los agentes, se encuentran los de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y falsedad documental, todos ellos recogidos en el Título XIX del Código Penal, relativo a delitos contra la Administración Pública.
Para aclarar esa relación han solicitado los Juzgados nº 5 y nº 6 de la Audiencia Nacional que confirmen si los agentes están siendo investigados en el marco de las Diligencias Previas 100/2021 y 35/2019. También piden que la UCO remita los antecedentes disciplinarios y penales de los agentes intervinientes, si los hubiera, así como la remisión de los informes elaborados por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en relación con los agentes señalados.
Esta petición, al margen de sospechas, se sostiene con informaciones e investigaciones periodísticas de medios como The Objective, El Periódico de España, Diario Red o El Economista, que en los últimos tiempos han publicado la existencia de un entramado presuntamente corrupto que operaba desde el interior de la Guardia Civil.
En las informaciones se denuncian pagos en metálico, sobornos, contratación de familiares de agentes y utilización instrumental de testigos protegidos, con el propósito de destruir la competencia comercial en favor de algunas operadoras mientras se fabricaban pruebas contra otras operadoras del sector.
Si finalmente las defensas pudieran confirmar estas sospechas y los hechos reclamados en su escrito, el procedimiento penal, según fuentes jurídicas, podría quedar abocado a la nulidad, ya que se basaría en pruebas obtenidas por agentes corruptos.
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