Las tierras raras en España, frenadas por la burocracia y la oposición medioambiental

En el actual contexto de tensión geopolítica, las tierras raras han cobrado mayor protagonismo en las últimas semanas debido a su papel clave en la transición energética y en la industria tecnológica. Sin embargo, desde algunos sectores alertan de que las barreras administrativas frenan el potencial estratégico de las tierras raras en España.

Europa, altamente dependiente del suministro procedente de China, ha comenzado a impulsar políticas regulatorias y estratégicas para asegurar su abastecimiento. Sin embargo, en España, los proyectos mineros vinculados a estos elementos clave se enfrentan a importantes obstáculos burocráticos y medioambientales, lo que ha ralentizado su desarrollo, según señalan estas fuentes.

Indican que a pesar de contar con diversos yacimientos identificados de tierras raras a lo largo del territorio, y a causa de las dificultades administrativas y de la oposición medioambiental, ninguno de esos casos ha podido avanzar hasta la fase de explotación comercial. Entre ellos cabe destacar el de Matamulas (Ciudad Real), descubierto en 2013, y que ha sido el que más cerca ha estado de obtener los permisos necesarios. Sin embargo, en 2019 la Junta de Castilla-La Mancha denegó su autorización ambiental, por lo que se detuvo el proyecto.

Por otra parte, a pocos kilómetros de Vigo, Monte Galiñeiro alberga concentraciones de monacita y otros minerales con tierras raras, pero hasta ahora tampoco ha logrado generar proyectos de explotación concretos. Mientras que en la frontera entre Salamanca y Zamora, Fregeneda-Almendra también ha sido identificado como una posible fuente de metales estratégicos, aunque sin planes definidos de desarrollo.

Por último, en las provincias de Badajoz y Córdoba, diversos estudios geológicos han revelado la presencia de tierras raras, pero sin que hasta la fecha se haya promovido ninguna iniciativa industrial.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

A pesar de los esfuerzos europeos por reducir la dependencia de China y reforzar la seguridad en el suministro de estos minerales esenciales, la situación de la minería en España ha sido criticada por expertos del sector. Manuel Regueiro, expresidente del Ilustre Colegio de Geólogos de España (ICOG), advierte que la burocracia y, especialmente, “la multiplicidad de autoridades” implicadas en la aprobación de proyectos “son las razones de que se tarde tanto en procesar un derecho minero en España”.

Sostiene que, aunque las jefaturas de minas provinciales suelen actuar con rapidez, el mayor cuello de botella se encuentra en los trámites medioambientales, que pueden prolongarse durante años. “Ahí es donde se suele atascar. Se tarda mucho tiempo en un proceso que debería ser rápido”, añade.

Uno de estos casos sería el de Mina Muga, un proyecto de extracción de sales potásicas entre Navarra y Aragón, cuya puesta en marcha se ha visto paralizada por cuestiones administrativas, pese a contar con inversión extranjera ya asegurada. “Se trata de un caso absolutamente paradigmático, ya que es un yacimiento espectacular que va a producir, si se pone en marcha, un millón de toneladas al año de potasas. España produce medio millón y Europa importa diez”, explica, “si a una empresa le dices que no al principio, le ahorras dinero. Pero si la tienes ahí esperando por los permisos diez años, pues claro, tú le cuestas dinero y a lo mejor al final decide que no lo va a explotar”.

LEY DE MINERALES CRÍTICOS

Según Regueiro, estos retrasos hacen que España pierda oportunidades estratégicas en un sector clave para el futuro industrial europeo, en un momento en el que la autonomía en recursos críticos se ha convertido en una prioridad geopolítica. “La Unión Europea ha tenido que legislar específicamente sobre este problema, porque los expertos llevábamos tiempo advirtiendo que la minería iba a peor debido a la creciente demora en los trámites”, señala.

La nueva normativa comunitaria, denominada Ley Europea de Materias Primas Fundamentales, pretende agilizar la concesión de permisos para proyectos estratégicos, reduciendo significativamente los plazos administrativos. Sin embargo, en España, la descentralización de competencias en materia de minería añade un nivel adicional de complejidad que dificulta la aplicación efectiva de estas medidas.

“No puede ser que se tarden 15 años en poner en marcha una explotación, incluso cuando se dispone de la inversión millonaria necesaria”, concluye Regueiro, subrayando la necesidad de reformas que permitan aprovechar el potencial de los yacimientos de tierras raras en España.